Diez razones para invertir en Uruguay


  1. Fuerte estabilidad política y social.
  2. Crecimiento sostenido y alta tasa de inversión extranjera en relación al PIB.
  3. Amplias exenciones fiscales a la inversión y atractivos regímenes de zonas francas, puertos y aeropuertos libres.
  4. Acceso al MERCOSUR, una zona de libre comercio con un PIB de US$ 2,5 billones, que también incluye a Argentina, Brasil y Paraguay.
  5. Excelente relación costo-beneficio de la mano de obra de la región, debido a la alta calificación de sus recursos humanos.
  6. La más alta penetración de internet y PC de América Latina.
  7. Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de fuentes renovables).
  8. Infraestructura portuaria de primer nivel, con Montevideo convertido en un “hub” regional por excelencia en América del Sur.
  9. Huso horario ubicado entre los EE.UU. y Europa, siendo un buen complemento para la prestación de servicios globales.
  10. Uruguay ofrece un alto estándar de calidad de vida, un clima y entorno agradable y un elevado nivel educativo.

Incentivos al inversor

Uruguay ofrece diversos tipos de incentivos, sumamente competitivos, que favorecen la inversión en el país, como zonas francas, puertos libres y aeropuertos libres, admisión temporaria, financiamiento de exportaciones y devolución de tributos indirectos. Estos incentivos permiten al inversor obtener beneficios tributarios, logísticos y financieros.

Zonas francas:

Las Zonas Francas pueden ser públicas o privadas, siendo en ambos casos autorizadas y controladas por el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. En ellas se pueden desarrollar actividades logísticas, industriales y de servicios, tanto dentro de la zona franca como desde ella a terceros países. Los usuarios de zonas francas también pueden brindar ciertos servicios puntuales hacia el territorio no franco.

Una diferencia importante entre las zonas francas uruguayas y otras del exterior consiste en que bajo el régimen nacional la zona franca reviste no solo la calidad de enclave aduanero, sino que además ofrece a sus usuarios una amplia exoneración de tributos nacionales.

En efecto, los usuarios de las zonas francas gozan de los siguientes beneficios impositivos (siempre y cuando el 75% de su personal sean ciudadanos uruguayos):

  • Exoneración de todo impuesto nacional, creado o por crearse, incluido el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
  • El pago de dividendos por parte de la usuaria de zona franca a sus accionistas domiciliados en el exterior tampoco se encuentra sujeto a retenciones impositivas en Uruguay.
  • La entrada y salida de bienes y servicios está exenta de todo tributo o cualquier otro instrumento de efecto equivalente.

Las exoneraciones antes indicadas no alcanzan a las contribuciones de seguridad social, salvo en lo que respecta al personal extranjero de los usuarios, el que podrá optar por no aportar al régimen de seguridad social uruguayo.

Desde el punto de vista aduanero, los bienes que se introducen a las zonas francas desde el territorio nacional no franco se consideran exportaciones y la introducción de bienes desde la zona franca al territorio nacional no franco se considera una importación, sujeta a los aranceles correspondientes. Por otra parte, las mercaderías procedentes de las zonas francas uruguayas que ingresen a países miembros del MERCOSUR están sujetas al arancel externo común que rige para los bienes procedentes de terceros países. También cabe señalar que en las zonas francas uruguayas no rigen los monopolios de los servicios del dominio industrial y comercial del estado.

Las Zonas Francas han sido declaradas de interés nacional por la Ley 15.921 del 17 de diciembre de 1987. Existen actualmente Zonas Francas en las ciudades de Colonia, Florida, Fray Bentos, Libertad, Montevideo, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, y Rivera.

Puertos y aeropuertos libres:

El régimen de Puerto Libre implica la libre circulación de mercaderías en los puertos y terminales portuarias con capacidad para recibir naves de ultramar, sin necesidad de autorizaciones y trámites formales. Durante su permanencia en el recinto aduanero portuario, las mercaderías están exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación o que se generen en ocasión de la misma. Para gozar de los referidos beneficios, las actividades que se cumplan en los puertos deberán ser de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidación, manipulación y fraccionamiento (que no signifiquen modificación de la naturaleza de la mercadería). Se establece también que no hay límites para la duración del almacenaje de la mercadería en el puerto, ni en cuanto al volumen de los bienes almacenados. El destino de las mercaderías que ingresen a los puertos, podrá ser cambiado libremente, no estando sujeto en ningún caso a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias previas.

Además de los mencionados beneficios aduaneros, la circulación de bienes y la prestación de servicios realizados en los recintos aduaneros portuarios se encuentran excluidos de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, las mercaderías depositadas en régimen de Puerto Libre no están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio. En adición a los recintos portuarios se han creado -por ley- las “terminales extraportuarias”. La existencia de estas terminales favorece la no saturación del limitado espacio portuario y la agilización de la operativa de comercio exterior.

A partir de la Ley 16.246 de mayo de 1992 (Ley de Puertos) y sus posteriores reglamentaciones, Montevideo fue la primera terminal de la costa atlántica de América del Sur en operar bajo un régimen de Puerto Libre. Este régimen se aplica también a los puertos comerciales de Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia, Sauce y La Paloma.

La Ley Nº 17.555 del 18 de setiembre de 2002 declara aplicable, en lo pertinente, al Aeropuerto Internacional de Carrasco, el régimen de Puerto Libre establecido en la Ley Nº 16.246.

Financiación a las exportaciones:

Este régimen contempla la posibilidad de prefinanciar (adquisición o producción de mercaderías destinadas a la exportación tradicional y no tradicional) o post-financiar (colocación de mercaderías en el exterior hasta el momento de su cobro) exportaciones de bienes por un monto superior a US$ 10.000. Los exportadores directos e indirectos pueden acceder al crédito con tasas preferenciales a través de una institución financiera de plaza, constituyendo un depósito en US$ de 10% o 30% del total de la exportación a financiar, por un plazo de 180, 270 o 360 días. La presentación de la documentación de Aduana que acredita el cumplimiento de la exportación, habilita a los exportadores a percibir los intereses estipulados en función de la opción seleccionada, sobre el total del monto exportado.

Este régimen está regulado por losartículos 19 al 34 del Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones del Banco Central del Uruguay (BCU). Las exportaciones elegibles son todas las mercaderías con la excepción de: lanas sucias, ganado ovino y bovino en pie -con excepción del de pedigrí y puro por cruza-, cueros ovinos y bovinos secos y salados, cueros y descarnes pickelados y wet-blue y los ítems arancelarios especificados en el artículo 20 correspondientes a pescado entero, arroz cáscara, girasol, cebada cruda, avena, alpiste, sebo bovino, madera en bruto, oro en bruto, trigo y soja.

Devolución de impuestos:

Existe un régimen de devolución de tributos indirectos reglamentado por la Ley 16.492de 1994 y sus posteriores reglamentaciones, en virtud del cual el exportador puede recuperar los tributos internos que integran el costo del producto exportado, determinándose el monto correspondiente a devolver como un porcentaje de su valor FOB fijado por el Poder Ejecutivo a través de Decretos. Con el Certificado de Devolución de impuestos emitido por la Dirección General Impositiva (DGI) el titular puede pagar impuestos nacionales y aportes al Banco de Previsión Social (BPS), además de poder endosarlo a Instituciones Financieras y Bancos.

Admisión temporaria:

La importación de insumos para la industria de exportación (tanto de bienes como de servicios) está sujeta a este régimen que permite la importación sin pago de aranceles de materias primas, insumos, partes, piezas, equipos o materiales (incluso aquellos necesarios para el soporte de software o información relativa a las tecnologías de la información) que sean utilizados para fabricar productos que luego se exporten, ya sea en el estado que fueron importados o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra. También están comprendidos en este régimen las máquinas y equipos importados en forma temporal para su reparación, mantenimiento o actualización y los productos que se consuman en el proceso productivo sin incorporarse al producto terminado que se exporte, así como los envases y material para empaque.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también cuenta con un régimen de Admisión Temporaria para el ingreso de maquinaria por un tiempo determinado y para una obra en particular, así como para el ingreso de bienes incluidos en un proyecto de inversión que se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). En el primer caso, la duración de la autorización en admisión temporaria tiene relación con el tiempo acreditado durante el cual se van a realizar las obras o prestar el servicio y en el último caso, la duración va a estar sujeta al trámite de aprobación del proyecto de inversión presentado ante la COMAP.

Para operar bajo este régimen debe solicitarse autorización previa al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)y los productos finales deben ser exportados dentro de un plazo de 18 meses, a partir de la fecha de autorización. En el caso particular del ingreso de maquinaria agrícola bajo el régimen de admisión temporaria, el organismo competente para otorgar las autorizaciones es la Dirección Nacional de Aduanas, según los requisitos establecidos en el Decreto 232/991 del 2 de mayo de 1991.

El régimen está reglamentado por el Decreto 505/009 de 3 de noviembre de 2009 que reglamenta la Ley 18.184 de 27 de octubre de 2007.

Fuente: Uruguay XXI. Promoción de inversones y exportaciones.
 

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